Declaración de las redes reunidas en el Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, Quito, Julio 6 de 2012

Por el pleno cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo hacia la Agenda de Desarrollo más allá de 2014.

Las mujeres en América Latina y El Caribe, en todas nuestras diversidades, organizadas para dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, reafirmamos el llamado a nuestros gobiernos para garantizar y profundizar la democracia, a través de Estados Laicos y Soberanos, con plena participación social. 

Tenemos que lograr que en esta región los compromisos asumidos por los estados se traduzcan en el ejercicio pleno de los derechos humanos, individuales y colectivos.

Nuestra región está aún lejos de cumplir el Programa de Acción de la CIPD. 

Si bien se han dado avances, estos han sido desiguales e insuficientes. Nos alarman los marcados retrocesos que, en violación del principio de progresividad, ocurren en varios países.
El proceso de El Cairo más allá del 2014 es la oportunidad histórica para que los estados revisen el cumplimiento de sus compromisos, identifiquen y avancen en los nuevos desafíos, reconociendo la deuda aun pendiente en la garantía de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. En este contexto, como sociedad civil, hacemos un enérgico llamado a los gobiernos para que la nueva agenda integre:

1. Los Derechos Humanos como el marco de todas las políticas y programas de desarrollo;

2. La centralidad de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de todas las mujeres, incluidas niñas, adolescentes y jóvenes, dentro de las políticas de salud, población y desarrollo.

3. La participación plena y efectiva de las personas destinatarias de las políticas de salud, población y desarrollo, en especial de aquellas a las que tradicionalmente se ha discriminado;

4. El reconocimiento de las inequidades. Vivimos en la región más desigual del mundo, donde las mujeres han soportado injusticias estructurales y persistentes. Por lo tanto, la priorización política y presupuestaria debe atender las necesidades de las mujeres, a lo largo de todo el ciclo de vida, así como las especificidades de aquellas que forman parte de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de migrantes, en situación de pobreza estructural, viviendo en ámbitos rurales, con capacidades diferenciadas, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero, trabajadoras sexuales, y que viven con VIH-sida.
Como parte del proceso de evaluación del Programa de Acción de la CIPD, los gobiernos deben identificar temas emergentes y prioritarios que les permitan actualizar la Agenda y, en este marco, exigimos que se comprometan a:
1. Garantizar que la evaluación Cairo más allá de 2014 sea un proceso entre gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, con énfasis en los espacios
colectivos de mujeres, en sus diversidades culturales, étnicas, sociales, de jóvenes y feministas.

2. Asegurar el acceso universal y sin barreras, a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, integrales e integrados, adecuados para las mujeres a lo largo de su ciclo vital.

3. Realizar todos los esfuerzos para garantizar la autonomía reproductiva de las mujeres, incluyendo la educación en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos moderno, a técnicas de reproducción asistida y el acceso al aborto legal y seguro. En este sentido, se vuelve imperativo la revisión de aquellas legislaciones que penalizan la interrupción voluntaria del embarazo. Promover el desarrollo así como el acceso a los avances científicos en materia sexual y reproductiva.

4. Eliminar las muertes maternas evitables y reducir la morbilidad materna extrema.

5. Reconocer a las y los jóvenes en sus diversidades como sujetos de derechos, así como establecer mecanismos para su participación en el diseño e implementación de políticas públicas. En este sentido, debe asegurarse el acceso a servicios de salud y educación en el ámbito de la sexualidad y la reproducción.

6. Prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y la explotación sexual, en especial de niñas, niños y adolescentes.

7. Reconocer los derechos laborales de aquellas mujeres mayores de edad que ejercen el trabajo sexual.

8. Respetar los derechos de los pueblos, en especial de las mujeres indígenas y afro descendientes, en lo que se refiere al derecho a la tierra, al territorio y a la soberanía alimentaria, respetando el derecho al consentimiento previo, libre e informado en todo aquello que involucre sus vidas, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, y una vida libre de violencia.

9. Implementar políticas y programas que aseguren el acceso de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación integral en sexualidad, basada en derechos humanos, en la equidad de género y en las características culturales, a través de metodologías adecuadas, dentro y fuera de los centros escolares.

10.Fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales en la recopilación y análisis de datos estadísticos cuanti y cualitativos desagregados por edad, grupos etarios, sexo, raza y etnia, situación geográfica, para su uso estratégico en la formulación de políticas y programas de salud, educación y desarrollo.

Exhortamos a nuestros gobiernos a dar respuesta a las demandas de la sociedad civil contenidas en diversas declaraciones construidas a lo largo de estos años: Panamá, Ocho Ríos, Montevideo y las declaraciones de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la diáspora y de las Juventudes Rumbo a Cairo1. El movimiento feminista y de mujeres ha sido protagonista crucial de este proceso, y desde este lugar reiteramos que esta plataforma existe para cambiar la vida de las mujeres. Es por esto que rechazamos y rechazaremos cualquier violación a los derechos sexuales y a los derechos reproductivos, y exigimos a los Estados renovar su compromiso con el total cumplimiento del Programa de Acción de la CIPD.

Mi cuerpo, mi territorio.

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1 Declaración de Panamá (2009) resultado del proceso de revisión de Cairo +15; Declaración de Ocho Ríos (2012) y Compromiso de Montevideo (2012) resultados de las Consultas de Sociedad Civil en el marco del proceso de revisión