Por
Ana María Cofiño
Hace
siete años se realizó la primera consulta de vecinos en Río Hondo, Zacapa,
Guatemala, donde se pretendía construir una hidroeléctrica sobre el río que los
habitantes utilizan para regar sus cultivos, en un sistema ancestral de turnos
para todos los usuarios. En aquella ocasión se preguntaba si querían que se
construyera ese proyecto y la respuesta abrumadoramente mayoritaria fue que no.
Habitantes de las aldeas participaron en la consulta que de manera formal se
realizó con apoyo de las autoridades municipales.
Unos
meses más tarde se realizó la consulta en Zipacapa, en el departamento de San
Marcos. Esta vez se trataba de preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo
con la operación de una mina para extraer oro en su territorio. El mecanismo
aquí fue distinto, ya que se trata de una región con población indígena, y
exigieron que se respetaran sus costumbres. Por ello, acudieron mujeres, niños,
ancianos para manifestar pública y abiertamente su oposición a la mina Marlin que
pese a su rechazo, se instaló en esa zona. Con la mano alzada, poniendo sus
huellas o firmando un acta, sumaron miles de votos contra el proyecto. La
voluntad popular plantaba un hasta aquí a los empresarios que pretenden hacer y
deshacer a su antojo, como lo han hecho durante siglos.
En
adelante, las consultas se vinieron como una cascada pacífica en la que los
pueblos se organizan para participar en la toma de decisiones de problemas que
les afectan en sus localidades. En los distintos puntos del país se han
realizado consultas y ya suman más de un millón las personas que se han
manifestado por este medio. Guatemala destaca ahora como un país donde las
poblaciones de los cuatro puntos cardinales están asumiendo sus derechos a
participar, no sólo como votantes en las elecciones, sino en estos procesos
locales caracterizados por ser democráticamente organizados y realizados. La
recolecta de firmas para solicitarla, el cabildeo con las autoridades, la
gestión de recursos, la publicidad y el evento mismo tienen el sello de cada
municipio donde se han hecho. Generalmente han sido eventos coloridos por la
presencia de gente de todas las edades y condiciones, culturas, etnias y
creencias.
Las
mujeres han estado presentes en las distintas etapas, según cada circunstancia.
En algunos lugares, ha sido integrantes de los concejos municipales
involucradas en la organización; en otros, han estado en las mesas de votación,
y en todas, han levantado su mano, alzado su voz o marcado las boletas para
hacer valer su derecho a elegir sobre el futuro de sus territorios.
Las
empresas han recurrido a todo tipo de campañas, desde las disuasivas, a través
de regalos y corrupción de autoridades, hasta las desinformaciones a través de
panfletos y reuniones. No ven con buenos ojos que la gente, a la que ellos
llaman turba y califican de bochinchera y hasta terrorista tome en sus manos
las decisiones. Consideran que su poder es incuestionable y califican a las
poblaciones de ignorantes y manipuladas desde su conservadora perspectiva
racista y excluyente que ha predominado por siglos.
El actual gobierno, encabezado por
el militar Otto Pérez Molina, involucrado en la represión y violencia desatada
por el Estado en los años de la guerra, en los años ochenta, ha anunciado y
repetido que tiene compromisos con los inversionistas y que el campo necesita
desarrollarse con su apoyo. También ha dado muestras de su estilo de imponer
estas políticas que ofrecen progreso, al implantar Estados de Sitio donde la
población se ha rebelado a aceptar las operaciones de las transnacionales
mineras o de la energía.
En
los pocos meses que lleva en el poder ejecutivo, hemos sido testigas de su
marcado interés en respaldar los proyectos de explotación y extracción de
recursos naturales. El nombramiento de sus ministros de energía y minas, así
como de ambiente; las políticas de desarrollo, las leyes que impulsan, los
mecanismos que utilizan, así como la manera en que dan información, son muestra
clara de un régimen que está evidentemente apostado del lado de los empresarios
que buscan extraer riquezas en las viejas condiciones de abuso y prepotencia
que no han traído el progreso anunciado.
Las mujeres entienden que sus
territorios son espacios vitales, por cuanto en ellos han crecido, de ellos se
han alimentado y allí tienen su identidad y arraigo cultural. El temor más
grande es que las fuentes de agua se contaminen o sequen, y saben que eso es
inaceptable. Entre las consignas más levantadas están: toda mina contamina; la vida
vale más que el oro; por la vida, el
agua y la dignidad. Está claro que no quieren correr el riesgo a ser
borrados de la tierra o a padecer la pérdida de sus recursos naturales en manos
de empresas que no les dejan más que desastres y destrucción. También están
conscientes de los peligros que se ciernen sobre ellas por ser mujeres. La
presencia de hombres armados que protegen las instalaciones; la importación de
mano de obra foránea; la circulación de dinero; la contaminación son amenazas
contra su integridad. No se trata de un capricho y de un rechazo.
Desde febrero de este año, un grupo
de mujeres ha estado acampando frente a la puerta de acceso a un proyecto
minero en las cercanías del municipio de San José El Golfo, en el departamento
de Guatemala. Organizadas en turnos, pernoctan allí, pasan los días y enfrentan
los problemas que se van suscitando. Están dispuestas, y así lo manifiestan, a
defender su territorio de la voracidad de los empresarios. Repiten
constantemente que su interés es proteger sus recursos naturales, sobre todo el
agua. Y que no lo hacen por ellas, sino por sus descendientes. Entre sus
reclamos más sentidos está que se les preste atención, que se realice una
consulta de vecinos donde puedan plantear su posición de rechazo a este
proyecto de explotación de oro y plata.
Para las mujeres en Guatemala es un
estímulo verlas y conocer su lucha. Inspiran valor, confianza, fortaleza. Son
mujeres del área rural, con pocos estudios pero con la certeza de estar en lo
justo. La dignidad es su escudo frente al poder de los empresarios. Su fuerza
radica en la necesidad de sostener la vida.
En otras regiones, las mujeres
incorporadas a la lucha contra los proyectos de desarrollo que deterioran el
ambiente están organizándose para resistirlos y buscar otras formas de seguir sobreviviendo
en paz, con su gente, en sus tierras.
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