Ana María Pizarro SI Mujer Nicaragua - Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe – RSMLAC
Declaración de Juventudes: Construyendo un mundo de Igualdad y Derechos
Las personas jóvenes, organizaciones y redes juveniles convocadas por la Alianza Latinoamericana y Caribeña de Juventudes rumbo a Cairo+20 al Foro de Juventudes LAC "Construyendo un mundo de Igualdad y Derechos"; reunidas el 10 de agosto de 2013 en Montevideo, Uruguay, en el marco de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe "Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y enfoque de derechos: clave para la agenda después del 2014" nos pronunciamos para visibilizar los retos, expectativas y propuestas de las diversas juventudes presentes, bajo las siguientes consideraciones:
· Que las y los jóvenes, actores clave en los procesos de transformación de la región, reconocemos y hacemos eco de las diversas luchas sociales: de los pueblos indígenas, afrodescendientes, de mujeres, feministas, personas con VIH, de identidad de género y orientaciones sexuales diversas, personas con discapacidad, ambientalistas, campesinas, estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras y otras formas de organización social que abonan a la construcción de sociedades más justas, igualitarias y sustentables.
· Que la participación de la diversidad de movimientos sociales en la región es esencial para sostener, radicalizar y profundizar las democracias, así como para alcanzar la vida plena de la población, especialmente de los grupos más excluidos y vulnerados. Es indispensable mantener la participación en los procesos de vigilancia, control social y cumplimiento del ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales, políticos, culturales, ambientales y los derechos sexuales y derechos reproductivos.
· Que el respeto al estado laico es un pilar fundamental para resguardar y consolidar nuestras democracias y para el ejercicio de los derechos humanos. El buen vivir de las personas debe estar por encima de cualquier tipo de fundamentalismo político, religioso y/o cultural.
· Que la igualdad de nuestros pueblos sólo se podrá alcanzar en una sociedad donde toda la población, especialmente las mujeres, jóvenes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con VIH, trabajadores y trabajadoras sexuales, migrantes, refugiados, privados de libertad, personas LGBTTTQI, y otros grupos vulnerados podamos ser reconocidos y reconocidas y vivir libres de todas las formas de violencias y discriminación. Expresamos nuestra solidaridad con las millones de víctimas de la violencia criminal e institucional, en especial los abusos de las fuerzas de seguridad, nuestra generación está pagando con vidas los costos estas políticas.
En este marco, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe es una gran oportunidad para reconocer que:
· Aunque nuestra región ha resistido la crisis económica del capitalismo global, y se ha registrado crecimiento y avances a diferencia de otras regiones del mundo, esto no ha ocurrido en todos los países de la región ni ha sido sinónimo de desarrollo y justicia social, inclusión, equidad y sustentabilidad; por el contrario, han aumentado las brechas de desigualdad entre la población.
Por lo anterior y en aras de alcanzar el mundo que las y los jóvenes queremos instamos al Estado a tomar de manera urgente las siguientes propuestas:
1. Educación Integral:
El Estado debe garantizar una educación pública, gratuita, laica, intercultural y de calidad. Debe tener la voluntad política para generar los mecanismos necesarios que incrementen la inversión en la educación pública en todos sus niveles, alcanzando al menos el 8% del PIB como lo sugiere la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), esto con el fin de democratizar y asegurar las condiciones de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad, así como el ingreso, permanencia y culminación de las personas jóvenes en las instituciones educativas en todos los niveles, en especial, a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
Desarrollar políticas que vinculen la educación con el trabajo digno para generar modelos alternativos al desarrollo, reconociendo el valor de la educación popular y no formal.
Recuperar la educación pública y frenar todo proceso de privatización de las instituciones de enseñanza, erradicando la mercantilización del derecho humano a la educación.
Incluir la educación integral para la sexualidad; científica, laica, con enfoque de género e intercultural en los planes, programas y currículos en todos los niveles educativos, tomando en cuenta las necesidades específicas de las juventudes.
En lo relativo a pueblos indígenas y afrodescendientes se debe promover la educación intercultural priorizando la revitalización de los idiomas originarios, identidades, culturas, cosmovisiones y rescate de la memoria histórica.
Establecer políticas de financiamiento a la investigación y creación del conocimiento, que debe generarse en las instituciones de educación superior desde el Estado. Dicho conocimiento debe ser gestionado, sociabilizado y estar orientado a las necesidades identificadas por las comunidades.
2. Trabajo Digno
Establecer políticas públicas efectivas e inclusivas de empleo, que promuevan la generación de trabajos dignos en igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación, especialmente por edad, género, etnia, raza, orientación sexual, creencia religiosa y condición de salud que permitan combatir la precarización laboral producida por las políticas de flexibilización de los mercados laborales.
Fortalecer los marcos normativos en materia de empleo, buscando responder a las necesidades de los nuevos modelos alternativos al desarrollo, promoviendo el reconocimiento y garantía del ejercicio de los derechos laborales y de la protección social integral.
Reconocer que la economía del cuidado, históricamente llevada a cabo por las mujeres, sostiene la economía productiva de las naciones y, en consecuencia, debe estar reflejada en las políticas macroeconómicas, las cuales deben garantizar el desarrollo social y sustentable.
3. Salud Integral
Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los sistemas públicos de salud, especialmente el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva integrales e integrados, de alta calidad, equitativos, asequibles, confidenciales, libres de estigmatización y discriminación, con pertinencia cultural, basados en necesidades y derechos, en los que se asegure la prevención, atención, tratamiento y asesoramiento del VIH – en todas sus vías de transmisión - así como de otras infecciones de transmisión sexual. Es fundamental que estos servicios incluyan una amplia gama, en la que se contemple la anticoncepción oral de emergencia.
Garantizar la despenalización del aborto y la formulación de legislaciones y políticas que aseguren el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos y que reconozca la autonomía y el derecho a decidir de las adolescentes y jóvenes.
Demandamos a los Estados la plena garantía de la promoción e implementación de los servicios de salud, especialmente de la salud sexual y reproductiva. Para eso es necesaria la eliminación de las barreras económicas, culturales y sociales; la asignación de presupuesto sostenido y suficiente, así como la formación de prestadores de salud.
Promover políticas públicas de educación y reducción de daños del consumo de drogas licitas e ilícitas y que garanticen la salud de consumidores y consumidoras de drogas como cuestión indisociable del respeto a los derechos humanos.
4. Participación
Garantizar la participación activa y protagónica de las juventudes en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, con perspectiva de género e interculturalidad. Los gobiernos y organismos internacionales deben aumentar la inversión y diseñar mecanismos de diálogo y deliberación en conjunto con la sociedad civil para asegurar la participación juvenil efectiva en la toma de decisiones como vía necesaria para la construcción de la cohesión social y profundización de las democracias.
Desarrollar y garantizar la implementación de legislaciones que permitan la instalación de mecanismos institucionales que faciliten la coordinación y transversalización de la política de juventud en los distintos niveles de gobierno, así como la identificación y asignación de recursos destinados a las juventudes en los presupuestos nacionales.
Asegurar mecanismos claros y efectivos de rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, que incluyan a las y los jóvenes y garanticen el acceso universal a la información pública mediante reportes periódicos de análisis cualitativos y cuantitativos con datos desagregados por edad, género, etnia, raza, sexo y otros factores.
Instamos a los Estados y a los organismos internacionales a garantizar la participación de las juventudes en las delegaciones oficiales de todos los foros multilaterales.
5. Violencias
Reconocer que la desigualdad entre hombres y mujeres responde a estructuras de poder que reproducen el patriarcado, las cuales pueden ser transformadas mediante procesos de educación, corresponsabilidad y el pleno empoderamiento de las niñas, niños, mujeres adolescentes, jóvenes y adultas, lo que incluye el reconocimiento de su derecho a decidir libremente sobre sus cuerpos y asuntos relacionados con su reproducción y sexualidad. Además de invertir en procesos de formación y sensibilización a hombres y mujeres que permitan erradicar todo tipo de violencia y discriminación contra la mujer, la comunidad LGBTTTQI, incluida la violencia institucional.
Tomar acciones para erradicar la violencia de género, con especial urgencia en la violencia contra las mujeres, la erradicación de femicidios y feminicidios y la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres jóvenes teniendo en cuenta sus diversidades y vulnerabilidades.
Establecer un nuevo paradigma en las políticas de seguridad que incorpore el respeto a los derechos humanos y que combata la exclusión y toda forma de discriminación, mediante la promoción de la cultura de paz, la reparación a las víctimas – incluyendo factores históricos y culturales - y el total rechazo a las prácticas militaristas y bélicas que atentan contra los derechos humanos.
6. Ambiente y Desarrollo sostenible
Instamos a los Estados a diseñar, implementar y evaluar políticas ambientales de protección y preservación de los recursos y patrimonios naturales, así como de las tierras y territorios indígenas y afro descendientes, garantizando y respetando el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de los mismos.
Diseñar, implementar y evaluar políticas económicas que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria, basadas en el desarrollo sustentable y sostenible, fortalecidas desde las iniciativas de economías propias.
Garantizar los mecanismos adecuados para reducir la vulnerabilidad de la población frente a fenómenos ambientales como el cambio climático, el consumo excesivo de combustibles fósiles y la sobreexplotación de los recursos naturales que afectan a toda la sociedad, en especial a quienes viven en condiciones de desigualdad social y económica.
Incentivar e implementar el uso de energías renovables para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Reconsiderar el ordenamiento territorial con enfoques de adaptación al cambio climático, a fin de generar ciudades y regiones resilientes en donde se incluya la construcción sustentable, el reciclaje, el eco urbanismo, la prevención de la contaminación del agua, aire y suelo, y promoviendo prácticas cotidianas que aporten a una cultura de consumo responsable, generando un imaginario de lo que significa bienestar y buen vivir.
Garantizar la participación activa de las juventudes en la construcción, implementación y evaluación de las políticas orientadas al logro del desarrollo sostenible y sustentable, basado en el equilibrio y la relación armónica con la naturaleza, la recuperación ecológica y de conocimientos ancestrales y la promoción de cultura de consumo responsable.
7. Migraciones
Reconocer el derecho a migrar garantizando legislaciones, políticas y recursos necesarios para la integración social y el efectivo goce de los derechos humanos de las personas migrantes en los países de origen, tránsito y destino.
Incorporar el principio de ciudadanía universal en las legislaciones como una estrategia de lucha contra la desigualdad, discriminación y xenofobia reconociendo a las personas migrantes como sujetos movilizadores de las economías y parte de las sociedades.
Crear y fortalecer los procesos de inclusión económica, cultural y social para refugiados, garantizando programas de asistencia humanitaria con énfasis en la creación de centros de acogida y acompañamiento para el efectivo goce de sus derechos y beneficios sociales.
Aunar esfuerzos entre los Estados de la región para mejorar la cooperación jurídica internacional de lucha contra la trata de personas, así como mejorar los procesos de atención a víctimas, especialmente de niñas, adolescentes y jóvenes.
¡Es la hora de la igualdad para Latinoamérica y el Caribe! Exigimos:
Hacer de la lucha contra todo tipo de desigualdad y discriminación, la principal prioridad política de la región. Es indispensable incorporar la perspectiva intergeneracional, de género, intercultural, étnica y racial, territorial y de derechos humanos en el diseño de políticas, legislaciones y presupuestos públicos.
Reconocer de manera plena a nivel nacional e internacional a los derechos sexuales y derechos reproductivos como un conjunto de derechos humanos referentes al libre ejercicio de la sexualidad y la reproducción.
Reconocemos el esfuerzo de las organizaciones y movimientos sociales de Uruguay y la voluntad política del gobierno por avanzar en la consolidación de la democracia y la igualdad sustantiva, despenalizando el aborto, aprobando el matrimonio igualitario y promoviendo la regulación del uso de la marihuana.
En 2014 el mundo tiene cita tras 20 años de haberse firmado el Programa de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, las juventudes estamos listas para construir un escenario que permita avanzar en el goce efectivo de los derechos humanos. Está en sus manos y en las nuestras la decisión de llegar a acuerdos que den respuesta a las demandas planteadas y erradiquen las desigualdades de nuestra región.
Señoras y señores, representantes de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, es tiempo de tomar decisiones, de sumar voluntades, de multiplicar las voces. Es tiempo de reparar las deudas, de construir nuevos modelos alternativos al desarrollo que garanticen la vida plena y la felicidad de las juventudes.
Señoras y señores, la injusticia no puede seguir marcando, cerrando las posibilidades del futuro a los pueblos pequeños de éste y de otros continentes. Para nosotros/as las fronteras deben ser abolidas y la solidaridad debe expresarse con respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobiernos distintas, pero que hay un mandato que nace de nuestra propia realidad que nos obliga a unirnos como América Latina y el Caribe para la construcción de sociedad justas, igualitarias y soberanas.
